La eliminación de las sujeciones en los centros y servicios para los mayores

Por Coloma Reynés Cunill Responsable de Conocimiento del Área de Promoción de la Autonomía de Intress 15 de junio – Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez Cada 15 de junio hablamos de violencia hacia las personas mayores. Hablamos de maltrato físico, negligencia, abuso económico, abandono o violencia psicológica. Y es necesario hacerlo. Sin embargo, quizás ha llegado el momento de dirigir la mirada hacia una realidad menos visible: aquella violencia que no deja marcas físicas, que no siempre se reconoce como tal y que suele presentarse bajo la apariencia de la protección. La violencia que nace de las buenas intenciones La violencia hacia las personas mayores no comienza siempre con una agresión. A veces empieza cuando dejamos de preguntarles qué quieren. Cuando su opinión pierde peso. Cuando las decisiones sobre su vida, su dinero, su vivienda, su salud o su intimidad se toman sin contar con ellas. Con frecuencia confundimos dependencia con incapacidad, cuidado con control y protección con sustitución. Y ahí surge una de las principales contradicciones de nuestro sistema: aunque las personas mayores constituyen uno de los colectivos más numerosos y diversos, todavía no cuentan con una ley integral específica que reconozca de forma clara su derecho a vivir libres de violencia, discriminación, infantilización y paternalismo. Una arquitectura jurídica incompleta Existen normativas sobre dependencia, discapacidad, atención sanitaria o servicios sociales. Sin embargo, sigue faltando un marco legal que afirme de manera inequívoca que una persona mayor no deja de ser adulta por necesitar apoyos. Recibir cuidados no debería convertir a nadie en objeto de cuidado. Ni una residencia, ni un centro de día, ni un servicio de ayuda a domicilio, ni una administración pública deberían sustituir la voluntad de una persona en nombre de una seguridad mal entendida. El problema de fondo es que buena parte de los sistemas de atención se han construido desde la gestión del riesgo y no desde el derecho a una vida elegida. Cuando la seguridad se convierte en el valor absoluto, la autonomía empieza a percibirse como una amenaza. El derecho a asumir riesgos ¿Qué ocurre cuando una persona mayor quiere seguir viviendo en su casa a pesar del riesgo de caída? ¿Cuando decide salir sola al barrio, rechazar una intervención, gestionar su dinero con apoyo o mantener una relación afectiva? Demasiadas veces la respuesta institucional consiste en limitar, prohibir o impedir. No necesariamente por mala praxis, sino por miedo: miedo profesional, familiar, institucional o jurídico. Miedo a que ocurra algo y a ser considerados responsables. El resultado es que muchas decisiones se toman pensando más en proteger al sistema que en proteger los derechos de la persona. Se adopta la medida más conservadora, la que reduce riesgos y evita conflictos, aunque eso implique una vida más limitada y menos significativa. La necesidad de una ley integral Por ello resulta necesario avanzar hacia una ley integral de protección de las personas mayores. No una ley que aumente la tutela ni refuerce una visión asistencialista de la vejez, sino una norma que reconozca plenamente su derecho a la autodeterminación. Una ley que establezca que la voluntad, las preferencias, la historia de vida y el proyecto vital de cada persona deben constituir el punto de partida de cualquier intervención. Que obligue a informar de forma comprensible, a generar alternativas y a documentar decisiones compartidas. Y, sobre todo, una ley que asuma una realidad ineludible: el riesgo cero no existe y no puede convertirse en el horizonte ético de la atención. Porque vivir implica riesgo. Amar implica riesgo. Decidir implica riesgo. La cuestión no es eliminarlo por completo, sino acompañarlo de forma proporcionada, personalizada y respetuosa. Las formas invisibles de violencia La violencia hacia las personas mayores no siempre adopta formas evidentes. También puede manifestarse a través de prácticas cotidianas que pasan desapercibidas: La infantilización Las decisiones no consultadas Las restricciones injustificadas Las rutinas rígidas Las contenciones físicas o farmacológicas utilizadas por razones organizativas La pérdida de intimidad La anulación progresiva de la capacidad de decidir La sobreprotección también puede causar daño. Una buena intención no garantiza una buena práctica. Y el “yo sé lo que te conviene” puede convertirse en una forma silenciosa de desposesión. Aprender de otros avances legislativos España ya ha demostrado en otros ámbitos que una ley integral puede transformar mucho más que los procedimientos: puede cambiar la mirada colectiva. La ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia impulsó una cultura preventiva y de derechos. La ley integral contra la violencia de género convirtió una problemática privada en una cuestión pública. La reforma en materia de discapacidad sustituyó el modelo basado en decidir por la persona por otro basado en apoyarla para que pueda decidir. Todos estos avances comparten una idea fundamental: necesitar ayuda no significa perder la condición de sujeto de derechos. Sin embargo, cuando hablamos de personas mayores seguimos sin disponer de una ley equivalente. Qué debería garantizar una futura ley Una ley integral de protección de las personas mayores debería incorporar, al menos, siete grandes principios: 1. Nombrar la violencia – Reconocer expresamente formas de violencia como la infantilización, la negligencia, la sobreprotección, la restricción injustificada o la sustitución de la voluntad. 2. Crear circuitos específicos – Establecer recursos y mecanismos claros de actuación, evitando que las personas mayores queden atrapadas entre distintos sistemas sin una puerta de acceso definida. 3. Formar a los profesionales – Incorporar formación obligatoria sobre edadismo, autonomía, capacidad jurídica, ética del cuidado y prevención de la violencia. 4. Proteger sin sustituir – Garantizar apoyos para la toma de decisiones sin anular la voluntad de la persona. 5. Dar seguridad jurídica a los equipos – Reconocer el derecho al riesgo acompañado y ofrecer marcos claros para actuar desde el respeto a la autonomía. 6. Generar recursos reales – Impulsar servicios especializados, atención urgente, acompañamiento jurídico, apoyo psicológico y mecanismos accesibles de denuncia. 7. Transformar el relato social – Ayudar a comprender que cuidar no significa apropiarse de la vida de otra persona. Proteger también a quienes acompañan La futura ley no solo debería proteger a las personas mayores. También tendría que ofrecer seguridad jurídica y ética a los profesionales. Hoy muchos equipos saben que la atención debe centrarse en la autonomía, pero continúan trabajando bajo una fuerte presión defensiva. Se les pide personalizar la atención, pero a menudo se les evalúa desde criterios estandarizados. Se les pide promover la autonomía, pero se les responsabiliza cuando esa autonomía comporta riesgos. Sin un marco legal que respalde este cambio de paradigma, resulta difícil avanzar hacia modelos verdaderamente centrados en la persona. De objetos de cuidado a sujetos de derechos La transformación que necesitamos es profunda. Supone dejar de considerar a las personas mayores como receptoras pasivas de cuidados para reconocerlas como personas que reciben apoyos para seguir viviendo la vida que han elegido. No se trata de un simple cambio de lenguaje. Es una cuestión de dignidad, libertad, identidad, intimidad y derechos. Las personas mayores tienen derecho a decidir. A equivocarse. A preferir. A rechazar. A cambiar de opinión. A asumir riesgos que consideren coherentes con su proyecto de vida. La verdadera protección El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez no debería servir únicamente para denunciar la violencia más visible. También debería invitarnos a revisar aquellas formas de violencia que ejercemos sin reconocerlas como tales: desde organizaciones rígidas, culturas profesionales excesivamente defensivas o sistemas que hablan de autonomía mientras siguen diseñados para controlar. La pregunta ya no es si queremos cuidar mejor a las personas mayores. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a aceptar que cuidar mejor implica, muchas veces, decidir menos por ellas. Las personas mayores no deberían verse obligadas a elegir entre protección y libertad. Una ley integral debería garantizar precisamente eso: que puedan estar protegidas sin dejar de ser dueñas de su propia vida. Porque la verdadera protección comienza cuando dejamos de ocupar su lugar y aprendemos a sostenerlo.